Por: Cristian Moreno Garzón
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Un grupo de representantes a la Cámara, liderado por Óscar Campo y respaldado por Cambio Radical y otras colectividades, radicó un proyecto de ley estatutaria el 21 de julio de 2025. La iniciativa busca establecer límites a las manifestaciones en vías públicas cuando afecten derechos fundamentales de terceros.
El proyecto reconoce la protesta pacífica como derecho constitucional, pero plantea regulaciones específicas para casos donde las obstrucciones prolongadas impacten la movilidad, salud, trabajo o seguridad. Según datos citados, entre 2023 y 2025 se registraron más de 1.900 bloqueos en vías, con pérdidas económicas superiores a $1,6 billones solo en el suroccidente colombiano.
Carolina Arbeláez, una de las promotoras, señaló que el objetivo es equilibrar el derecho a protestar con los derechos de quienes requieren usar las vías. El texto menciona casos como la Panamericana, donde bloqueos indefinidos han impedido el acceso a servicios de salud y causado pérdidas empresariales.
La propuesta incluye tres componentes centrales: Creación de la Comisión de Diálogo y Mediación para resolver conflictos antes del uso de la fuerza; implementación de Puestos de Mando Unificado para coordinar acciones institucionales; y la regulación del uso excepcional de fuerza pública, priorizando la negociación.
Christian Garcés destacó que departamentos como Cauca y Nariño sufren desabastecimiento y suspensión de servicios educativos durante bloqueos. Juan Daniel Peñuela añadió que 72% de los departamentos han sido afectados anualmente por obstrucciones viales entre 2019 y 2025.
Información tomada de asuntoslegales.com
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