La lucha por la concreción de la solución política al conflicto armado en perspectiva de la Paz con Justicia Social, se constituye para la presente etapa en uno de los principales propósitos políticos del conjunto de expresiones del movimiento sindical, social, popular,
étnico y fuerzas políticas alternativas, correspondida con la política de paz total formulada por el Gobierno del cambio a partir de la necesaria implementación de los acuerdos de paz firmados por las partes y la instalación de las mesas de conversaciones con los diferentes actores armados.
En ese trasegar y camino recorrido, la conquista de la paz se concreta a partir de la superación de las causas estructurales que dieron origen a la confrontación armada como advenimiento de los cambios y transformaciones que requiere el País; donde los diferentes actores en contienda deben de cumplir y acatar los compromisos pactados como expresión de una auténtica voluntad de paz; en ese orden de ideas corresponde hacer ajustes a la actual formulación de la política de paz del Gobierno Nacional con base a la caracterización de las particularidades y especificidades que registra la dinámica del conflicto y su impacto en los territorios; correspondido con los desarrollos geopolíticos y estratégicos en la Región marcado ´por la imposición de intereses de sectores radicales del empresariado y el gran capital, de influencia del narcotráfico y el control de zonas rurales para la expansión de cultivos ilícitos y la intromisión de los Estados Unidos en el concierto Latinoamericano para salvaguardar sus intereses y expandir su hegemonía imperialista.
Dicha situación no se corresponde con la confrontación directa que se registrar en la Subregión del Catatumbo (Norte de Santander) con el frente de guerra Nororiental del ELN y la disidencia del frente 33 de las FARC; evidenciándose una clara violación de los Derechos Humanos que afectan de manera directa a la población civil, con el registro trágico de más de 80 personas asesinadas, entre ellos 6 firmantes de paz, el confinamiento de familias, el desplazamiento de 45.000 habitantes de la Región y las amenazas a líderes sociales; hechos que rechazamos de manera contundente.
De la misma manera se registra una agudización de la confrontación armada en diferentes Regiones del País con énfasis en los Departamentos de Arauca, Cauca, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Nariño y Valle del Cauca, con el incremento de asesinatos de líderes y lideresas sociales, las amenazas a dirigentes campesinos, indígenas y afrodescendientes y el despojo de territorios por parte de grupos paramilitares.
Por lo anteriormente expuesto exigimos a los diferentes actores armados el cese inmediato del fuego, de hostilidades y las confrontaciones militares en los territorios, el acatamiento
del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a la población civil garantizando el derecho a la vida y la libre locomoción de las personas para el desarrollo normal de sus actividades cotidianas; conminando a la vez al Gobierno Nacional y grupos armados en
contienda a insistir y persistir en la solución dialogada al conflicto armado, restableciendo las mesas de conversaciones y procesos de paz para acabar con el espiral de la violencia.
Como parte del posicionamiento y puesta en marcha de las conclusiones de la mesa # 1 “cumplimiento de los Acuerdos de Paz y Construcción territorial de la paz” adoptadas en la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad y la proyección de las definiciones asumidas en la III Asamblea Nacional por la Paz “Participemos con energía para transformar el territorio y la vida” convocada por la Unión Sindical Obrera – USO; avanzamos con la construcción del MOVIMIENTO SOCIAL POR LA PAZ, como instancia que procura la participación directa con carácter decisorio de las comunidades y sus procesos organizativos en los territorios hacia la concreción de una PAZ ESTABLE Y DURADERA.
COMITÉ DE IMPULSO
ASAMBLEA NACIONAL POR LAS REFORMAS SOCIALES, LA PAZ Y LA UNIDAD