Restos hallados en la Brigada XX podrían ser de líder sindical

La JEP encontró unas estructuras óseas, en la antigua sede de la Brigada XX de inteligencia, en Bogotá, que podrían corresponder al líder sindical Pedro Julio Movilla Galarcio. Desde 1964, este lugar fue denunciado como centro de tortura y desaparición de dirigentes de izquierda. 

Por Fabián Uribe Betancur
Foto: cortesía José Movilla

En las instalaciones en que hoy ofrece servicios de educación superior la Escuela de Logística del Ejército Nacional, ubicada en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, funcionaron hasta 1998 otras instituciones: de 1964 a 1986, el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier Charry Solano, Binci; y de 1986 a 1998, la Brigada XX. Por las investigaciones de las violaciones de derechos humanos cometidas en esta sede militar, el pasado 18 de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, halló una serie de estructuras óseas que podrían corresponder a Pedro Julio Movilla Galarcio o a otra víctima de desaparición forzada. 

Las operaciones de inteligencia militar llevadas a cabo por el Binci y la Brigada XX, a lo largo de más de tres décadas, estuvieron dirigidas contra líderes políticos, sindicales, comunitarios, estudiantiles, defensores de derechos humanos y periodistas, en el contexto de la denominada “guerra sucia”.  

De acuerdo con Yessica Hoyos, abogada y presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, Cajar, “Estas actuaciones fueron denunciadas en su momento por diversas organizaciones sociales y líderes de diferentes sectores como actos arbitrarios y violatorios a los derechos humanos”. Eran prácticas que se insertaban en la lógica anticomunista de la Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada por Estados Unidos a través de la misión Yarborough a comienzos de los años sesenta.  

En las unidades militares como el Binci y la Brigada XX, los organismos de inteligencia del Ejército coordinaron y emplearon recursos humanos, técnicos y tecnológicos para perseguir a integrantes de movimientos políticos, sindicales, campesinos, indígenas u organizaciones con ideología de izquierda o comunista, como lo señala el informe El caso del Binci y la Brigada XX: La inteligencia militar contra la oposición política y social, elaborado por Cajar, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 

Desde el 12 de septiembre de 2024, la sede de la actual Escuela de Logística del Ejército Nacional es objeto de medidas cautelares dictadas por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Esta acción fue solicitada por el Colectivo Cajar, que representa a la familia de Pedro Julio Movilla Galarcio, quien pertenecía al Partido Comunista Colombiano – Marxista Leninista, PCC-ML, y está desaparecido desde 1993.  

José Leonario Dorado Córdoba, sargento que estaba adscrito a la Brigada XX, manifestó ante la entidad transicional que en la sede donde hoy funciona una institución de educación superior del Ejército, fue inhumado el líder político y sindical, luego de haber sido torturado y asesinado por miembros de la Fuerza Pública. 

Para la presidenta de Cajar, la medida cautelar dictada por la JEP es un avance en la búsqueda de Pedro Julio Movilla, que fue ordenada por la Corte IDH. “Debemos reconocer que, por primera vez después de dos años, la JEP está cumpliendo con su deber, que es buscar a Pedro Movilla y a las demás víctimas de la Brigada XX”.  

Hoyos también hace un llamado al Gobierno nacional para que desclasifique el archivo de esta unidad militar y a la JEP para que dicte medidas cautelares sobre este material. “Es importante porque nos ayudaría a entender cómo se llevaron a cabo los seguimientos, quiénes fueron las víctimas y dónde fueron inhumadas, como en el caso de Pedro Movilla”, resalta. 

¿Quién era Pedro Movilla? 

Pedro Julio Movilla Galarcio era oriundo de Montería y se había destacado como líder sindical en el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, y como militante del PCC-ML. A los 43 años fue desaparecido en Bogotá, luego de haber padecido hostigamientos y torturas por su actividad política.  

José Movilla, hijo de Pedro, lo recuerda como una persona que dedicó su vida a la revolución y a imaginar un mundo distinto, buscando un cambio en la sociedad: “Fue compañero de Candelaria Nuris Vergara, su esposa, y padre de tres hijos: Carlos, Jenny y yo, José. Además, fue dirigente del Incora y líder sindical en la misma institución. En su época estudiantil, hasta donde tengo entendido, fue uno de los mejores bachilleres, e incluso el mejor de Montería”. 

A finales de los setenta, el país enfrentaba una tensión entre las centrales sindicales y las fuerzas armadas por el uso excesivo de la fuerza durante el Paro Cívico de septiembre de 1977. Según la CEV, la alta oficialidad de las Fuerzas Militares le había solicitado al Gobierno civil medidas adicionales para garantizar la seguridad nacional.  

José cuenta que, para esa época, su padre estaba organizando un encuentro relacionado con las actividades sindicales en el Incora en Montería. Por el Estatuto de Seguridad Nacional estaban prohibidas las reuniones de más de tres personas. “En ese momento, las autoridades intervinieron, lo arrestaron, lo golpearon y lo detuvieron por varios meses. Como consecuencia, perdió su trabajo”.  

En 1982, se vio obligado a desplazarse a Medellín, donde continuó con sus actividades sindicales en el Comité Obrero Popular. “Eso permitió que la situación se calmara un poco. Sin embargo, tuvimos que regresar a Montería”, comenta José sobre la situación de su familia. Más tarde, en 1987, la familia Movilla debió trasladar nuevamente su residencia, esta vez a Bogotá. Allí Pedro fortaleció su vínculo con el PCC-ML, a través de actividades que le implicaban viajar a ciudades como Barranquilla, Barrancabermeja y Medellín. “Mayormente, estaba en Bogotá con la familia, pero con frecuencia pasaba fuera dos o tres meses antes de regresar. Así era su dinámica en el movimiento”, dice su hijo. 

En la mañana del 13 de mayo de 1993, Pedro salió de su casa en Bogotá, en compañía de su esposa. Luego de despedirse de ella, fue a dejar a su hija Jenny, a las 8, en la entrada del Colegio Kennedy, y se comprometió a recogerla a las 11. Desde ese momento se desconoce su paradero. “Mi padre era el pilar de nuestro hogar, era la persona que nos guiaba. Cuando desapareció, todo eso se perdió de un momento a otro”, narra José. 

Entre las acciones de búsqueda emprendidas por la familia Movilla se incluyen múltiples denuncias por desaparición forzada, así como un recurso de hábeas corpus y una demanda de reparación directa contra la Nación, ninguna de las cuales prosperó. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su desaparición forzada y ordenó su búsqueda, así como la reparación a sus familiares. 

En el expediente de la Corte IDH, consta que antes de su desaparición, Pedro fue objeto de seguimiento por parte de organismos estatales. Existen registros de la Brigada XIII del Ejército Nacional, fechados en mayo de 1993, que lo identifican como miembro del Comité Central del PCC-ML y como secretario de la Federación de Trabajadores de Córdoba. 

Gracias al testimonio del compareciente y exmilitar José Leonario Dorado Córdoba en la JEP y a las investigaciones emprendidas por los abogados de Cajar se pudo establecer la posibilidad de que el cuerpo de Pedro Movilla se encuentre inhumado en la sede donde operaba la Brigada XX, hoy Escuela de Logística del Ejército Nacional, en Bogotá.  

Crímenes sistemáticos 

El informe sobre los crímenes del Binci y la Brigada XX, publicado por Cajar, la CCEEU y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, documenta 35 casos de tortura, 51 ejecuciones extrajudiciales y 73 desapariciones forzadas cometidas por estos militares. La investigación, entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz en 2020, señala que los casos podrían ser muchos más.  

Según ese informe, miembros de las unidades de inteligencia, uniformados o vestidos de civil, detenían y secuestraban a los dirigentes sociales, luego de haber recopilado información sobre sus rutinas y ubicaciones cotidianas. Las víctimas eran conducidas a instalaciones de las Fuerzas Militares o a lugares clandestinos. “No se exhibían órdenes de captura autorizadas por jueces para realizar dichos procedimientos, ni se informaba a los familiares el paradero de las víctimas”, se lee en el documento.  

En estos espacios las víctimas sufrían tortura física y psicológica y algunas eran llevadas a instituciones médicas para ocultar pruebas y negarles el acceso a juicios públicos con defensa legal. Las torturas y tratos inhumanos tenían como objetivo conseguir información sobre los movimientos sociales, sindicales y grupos insurgentes, a los que podían pertenecer, u obtener señalamientos contra otras personas. 

Entre los crímenes cometidos por estas unidades, está el de Nydia Erika Bautista de Arellano, socióloga y economista bogotana de 33 años, integrante del M-19, que en 1986 fue detenida y torturada por militares de la III Brigada de Cali, y, un año después, en agosto de 1987 fue detenida y desaparecida por un grupo de hombres armados vestidos de civil adscritos a las brigadas III y XX del Ejército Nacional, como se pudo comprobar en investigaciones posteriores. Su cuerpo fue identificado tres años después de su desaparición.

Información tomada de hacemosmemoria.org