Un reciente informe elaborado por el Gobierno nacional, que contrasta la información proporcionada por las EPS, deja en evidencia las irregularidades en el sistema. El caso más escandaloso es el de un paciente que, en el transcurso de un año, tuvo 15 mil traslados en ambulancia.
Una vez más el sistema de salud se encuentra bajo el debate público. En esta oportunidad, la tormenta se desató al momento de revelarse que en 2025 el aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, sería del 5,36 por ciento.
La UPC es el dinero que el Estado invierte por cada ciudadano afiliado al sistema para que este tenga acceso al Plan de Beneficios de Salud. Este porcentaje es calculado anualmente por la cartera del sector, para después ser girado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres. Los receptores del dinero son las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que bajo el actual sistema son las ordenadoras del gasto.
El meollo del asunto es que para las EPS el dinero no es suficiente, mientras que para el Gobierno nacional el monto asignado está ajustado legalmente a los indicadores de inflación.
El informe
El problema tiene un origen que desea corregir el proyecto de reforma a la salud. No solo la información de las personas afiliadas, sino también los datos financieros, están en poder de las EPS y no del Estado. Por eso, para calcular la UPC anual, el Ministerio de Salud y la Adres usan los reportes suministrados por las EPS del dinero de gastos y atenciones suministradas por persona afiliada.
Para asignar el monto de 2025 se utilizó la información de 2023, pero de las 28 EPS existentes, tan solo 15 reportaron información y solo cinco cumplieron con los mínimos de calidad. Esta irregularidad detectada llevó a que el Gobierno nacional activara un ejercicio de contraste de los estados financieros presentados a otras entidades, como a la Superintendencia Nacional de Salud, y otros indicadores, como los reportes de atención de los prestadores y la base de datos única de afiliados.
Lo encontrado por la Adres en este ejercicio de contrastación prendió las alarmas y llevó a que el Gobierno nacional se apegara a la norma, que ante la falta de datos confiables, lo faculta a realizar el aumento por encima de la inflación del año anterior.
Es curioso que el monto del 5,36 por ciento de la UPC terminó justificando el discurso opositor de un supuesto desfinanciamiento del sistema de salud por parte del Gobierno nacional, contradiciendo que para 2023 el incremento fue del 16,2 por ciento y para 2024 fue del 12,01 por ciento, todos los montos por encima de la inflación.
Los hallazgos
El informe Ejercicio de contraste para el apoyo en el cálculo del incremento de la UPC, elaborado por la Adres y publicado en su página web, proporciona una serie de datos que dejan en evidencia las irregularidades. Quizás el caso más escandaloso, y al mismo tiempo divertido, es el paciente que en 2023 experimentó 15 mil traslados en ambulancia.
Y así el anterior ejemplo fuera un error estadístico, son muchas irregularidades que desbordan las simples inconsistencias. Por ejemplo, la Adres encontró el cobro de más de 79 mil millones de pesos por la atención de 23 mil personas fallecidas, el incremento del 63 por ciento de personas afiliadas en tan solo un año o el aumento del 113 por ciento en valores ejecutados.
Otras cifras son poco creíbles por cuenta de la capacidad instalada del sistema. Las EPS dicen que entre 2022 y 2023 aumentaron el 22 por ciento de la severidad (atenciones), el 10 por ciento de las frecuencias (servicios prestados), el 60 por ciento de las consultas médicas, el 80 por ciento de los servicios radiológicos y de laboratorio, el 50 por ciento de los tratamientos oncológicos y 119 por ciento de los servicios domiciliarios.
Para MinSalud, estos cambios abruptos en las cifras reportadas no tienen ninguna justificación teniendo en cuenta los registros históricos y los factores epidemiológicos del período analizado.
Pero hay más. Adres identificó un incumplimiento en la regulación de los precios de medicamentos en 2,5 millones de registros, que significan sobrecostos por 138 mil millones de pesos.
Finalmente, el informe evidencia costos en los procedimientos muy por encima de los precios del mercado. Por ejemplo, una colostomía vía abierta está cotizada por casi cuatro millones de pesos, pero las EPS reportan el procedimiento quirúrgico por 786 millones de pesos. O el caso de la terapia antineoplasica de inducción, tratamiento inicial para tratar el cáncer, tiene un valor de referencia de nueve millones y medio, aunque las EPS reportan el procedimiento por 640 millones de pesos.
En resumen, el informe de contrastación de la Adres concluye que de los 92 billones suministrados por el Estado en 2023, las EPS solo logran justificar 70. Por supuesto, la pregunta es obvia: ¿Dónde están los 22 billones restantes?
Engaño al Estado y a la sociedad
De acuerdo con la médica psiquiatra y exministra de Salud, Carolina Corcho, “estos hallazgos no son solo inconsistencias, sino que suponen posibles hechos de corrupción y engaño al Estado y a la sociedad colombiana por parte de las EPS para justificar la petición de más recursos de la UPC”.
Para la también precandidata presidencial de la Colombia Humana, la única vía para superar la crisis acumulada en el sector es aprobando la reforma estructural al sistema de salud, proyecto construido por la sociedad civil y los movimientos sociales, hoy impulsado por el Gobierno nacional en el Congreso de la República.
Igual diagnóstico hace la Federación Médica Colombiana: “Es urgente e inaplazable abrir un debate amplio y transparente en el Congreso para reformar estructuralmente el sistema de salud, fundamentado en la evidencia, la justicia social y el interés superior de la población, dejando atrás los intereses particulares que han prevalecido hasta ahora”.
Información tomada de semarionvoz.com