Sintraemsdes destaca la importancia de una regulación diferencial para los pequeños prestadores y gestores comunitarios y propone fortalecer la articulación con la CRA

La organización sindical destaca la importancia de una regulación diferencial para los pequeños prestadores y gestores comunitarios y propone fortalecer la articulación con la CRA desde una perspectiva de derechos, trabajo digno y defensa de lo público

Bogotá, 27 de julio de 2026. — Para Sintraemsdes Nacional, la presentación del Nuevo Marco Tarifario para Pequeños Prestadores y Gestores Comunitarios constituye un escenario de especial importancia para el futuro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en Colombia y, particularmente, para millones de habitantes de las zonas rurales y territorios históricamente excluidos.

La Resolución CRA 1038 de 2026 establece una metodología diferenciada para pequeños prestadores, prestadores rurales y gestores comunitarios, reconociendo que las condiciones territoriales, económicas, sociales y técnicas de estos sistemas no pueden ser abordadas bajo una misma lógica regulatoria. La norma también incorpora elementos relacionados con el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico, la participación ciudadana, la protección ambiental y el reconocimiento de las particularidades de los territorios.

Desde Sintraemsdes Nacional valoramos que la regulación avance hacia una mirada más cercana a las realidades de los territorios. Sin embargo, consideramos que este proceso debe ir mucho más allá de la discusión técnica de las tarifas. Hablar del agua es hablar de derechos, de dignidad, de territorio y también de trabajo.

Porque detrás de cada sistema de acueducto, de cada planta de tratamiento, de cada reparación de una red y de cada acción para garantizar la continuidad del servicio, están los trabajadores y trabajadoras que sostienen diariamente los servicios públicos.

Por eso, desde SINNTRAEMSDES, afirmamos que no existe servicio público de calidad sin trabajadores con derechos. La eficiencia, la sostenibilidad y la modernización de los sistemas de agua no pueden convertirse en argumentos para precarizar el empleo, tercerizar las funciones esenciales o deteriorar las condiciones laborales de quienes garantizan la prestación del servicio.

El agua es un derecho y los servicios públicos son patrimonio colectivo

SINTRAEMSDES sostiene que el agua debe ser entendida como un derecho humano y un bien común, no como una mercancía sometida exclusivamente a las dinámicas del mercado.

En ese sentido, la regulación tarifaria debe contribuir a fortalecer la capacidad pública y comunitaria para garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento básico, especialmente en aquellos territorios donde durante décadas las comunidades organizadas han asumido responsabilidades que deberían contar con mayor respaldo institucional, técnico y financiero.

La nueva metodología reconoce precisamente la existencia de realidades diferenciadas y contempla estándares y metas progresivas para pequeños prestadores y gestores comunitarios. También incorpora consideraciones relacionadas con territorios PDET, ZOMAC y otras zonas con condiciones especiales.

Para SINTRAEMSDES, este reconocimiento debe traducirse en mayor inversión pública, fortalecimiento institucional, infraestructura, formación técnica y condiciones laborales dignas, evitando que las dificultades históricas de los territorios terminen trasladándose a los trabajadores o a las comunidades mediante tarifas, precarización o deterioro de la calidad del servicio.

Participación real de los trabajadores

La construcción del nuevo marco tarifario contó con un proceso de participación ciudadana en el que la CRA reportó 1.746 observaciones, sugerencias y reparos, con un número significativo de aportes incorporados o atendidos en el proceso regulatorio.

Desde Sintraemsdes consideramos que este ejercicio debe convertirse en un punto de partida y no en un punto de llegada.

La participación de los trabajadores, sus organizaciones sindicales, los usuarios y las comunidades debe mantenerse durante la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo marco. La regulación de los servicios públicos no puede construirse únicamente desde los escritorios: debe recoger la experiencia de quienes conocen y sostienen los sistemas desde los territorios.

En este escenario, Sintraemsdes Nacional ratifica su disposición para fortalecer la articulación y el diálogo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, aportando desde la experiencia sindical y técnica de los trabajadores del sector a la discusión sobre el presente y futuro de los servicios públicos.

Esta articulación debe permitir avanzar en procesos de pedagogía, formación, diálogo territorial y seguimiento a la implementación de la nueva metodología, pero también abrir discusiones de fondo sobre empleo digno, estabilidad laboral, fortalecimiento de las empresas públicas, inversión en infraestructura y defensa del carácter público de los servicios esenciales.

La entrada en aplicación de la nueva metodología está prevista para el 1.º de enero de 2027, lo que abre un período fundamental para preparar a los prestadores, trabajadores, comunidades y usuarios frente a los cambios regulatorios.

Para Sintraemsdes, este período debe aprovecharse para construir una pedagogía pública que permita que los trabajadores conozcan la regulación, comprendan sus implicaciones y puedan participar activamente en su implementación y seguimiento.

No queremos trabajadores espectadores de las transformaciones del sector. Queremos trabajadores protagonistas de la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos.

Por ello, ratificamos nuestra voluntad de continuar construyendo escenarios de articulación con la CRA, los gestores comunitarios, las organizaciones sociales, las entidades territoriales y las comunidades, poniendo en el centro una premisa que para el movimiento sindical es irrenunciable:

El agua es para la vida, los servicios públicos son derechos y quienes los hacen posibles merecen trabajo digno.

Desde Sintraemsdes Nacional seguiremos defendiendo una política de servicios públicos que fortalezca lo público, reconozca el papel de las comunidades, garantice el derecho humano al agua y proteja los derechos de los trabajadores.